Violencia, malestar y progreso

Luis Felipe Lagos

Después de la violenta conmemoración del 18-O, es preciso reflexionar respecto del vandalismo, malestar y progreso de la sociedad.

En primer lugar, se debe distinguir entre el legítimo malestar y la violencia irracional, vandálica, pero política al fin (basta recordar el homenaje en el ex Congreso). La violencia no nace del malestar, aunque algunos insistan en una relación causal. Por cierto, a los grupos no democráticos les interesa avalarla y legitimizarla, apelando a que hay violencia estructural en la sociedad. En el fondo, les es útil para conseguir cambios e impulsar sus agendas programáticas.

El malestar no es nuevo y toda sociedad democrática debe convivir pacíficamente con él. Hace años que en la encuesta CEP este se manifiesta por la mala calificación de los servicios públicos, como educación y salud, la inseguridad en los barrios y las bajas pensiones. Estos temas se repiten, sólo con pequeñas variaciones, en los primeros lugares de importancia. ¿Por qué se ha postergado su solución?

En el período de rápido crecimiento 1985-2013 se lograron avances sustanciales en aumentar los ingresos, derrotar la pobreza, mejorar otros indicadores sociales y en distribución del ingreso. El incremento en bienestar se logró producto de acuerdos políticos que permitieron una adecuada convivencia entre el Ejecutivo y el Congreso, pensando siempre en el progreso de Chile.

A partir de 2014, esto cambió. La lucha ideológica se acentuó; los que habían gobernado durante la mayor parte del “período de oro” se sintieron culpables de no haber impulsado proyectos ideológicos más extremos, la economía se estancó y la disputa de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo se agudizó de 2018 en adelante.

Las soluciones posibles en materia de pensiones y salud se dificultaron y ahora se ven poco factibles; algunos desean imponer su estrategia ideológica más que avanzar en entregar mejores pensiones y salud de calidad. Lo acontecido con la educación pública refleja muy bien esta situación. Las autoridades de la época priorizaron “bajar de los patines” a los que tenían mejores resultados, que mejorar al resto. Asimismo, se optó por canalizar recursos a gratuidad universitaria, en vez de privilegiar la educación pre escolar y escolar pública, donde realmente se juega la igualdad de oportunidades. En salud pasó otro tanto: se paralizaron licitaciones privadas para construcción de hospitales y atenciones privadas para acortar listas de espera, denotando más bien una opción por una agenda ideológica que mejorar la salud pública.

En síntesis, la calidad de las políticas públicas se vio mermada, priorizando los aspectos políticos más que los técnicos.

La situación no es fácil y algunos analistas están proyectando el declive del país con una vuelta a su origen de mediocridad; el derrotismo puede constituirse en una profecía autocumplida.

Ciertamente, Chile requiere una democracia que pueda controlar la violencia sin complejos, condenando a los violentistas como a los que la avalan y toleran, dentro de las atribuciones del Estado de derecho. Con la violencia instalada, no hay democracia, ni posibilidad alguna de retomar el camino de la prosperidad o mejorar la distribución del ingreso.

La clase política debe entender que hoy su principal preocupación debe ser avanzar en los problemas que por años la ciudadanía ha demandado solucionar, lo que requiere abandonar las posiciones ideológicas extremas para encontrar caminos de acuerdo que permitan implementar políticas públicas de calidad.